Entrevista

Concha Díaz, presidenta de la CNSE

“Los derechos que las personas sordas hemos conquistado son irrenunciables”

26/07/2012

Blanca Abella

Representa a una de las entidades sociales con más solera en España, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), a la que contemplan 76 años de historia. Adalid de la lengua de signos, defiende un cambio normativo en la educación por la multitud de regulaciones autonómicas y la puesta en marcha de una ley que defienda la inclusión de las personas con discapacidad.

La situación actual no sólo puede frenar el avance en la conquista de derechos fundamentales de las personas sordas, sino que puede provocar incluso un retroceso. ¿Qué es lo que nunca debería perderse entre todo lo que ya se ha conseguido?
Los derechos que las personas sordas hemos conquistado son irrenunciables. Durante todos estos años hemos ido cimentando en nuestro país, poco a poco y con mucho tesón, la extensión de los servicios de interpretación en lengua de signos para los diferentes ámbitos de la vida, los programas de atención especializada a personas mayores sordas, inmigrantes, con discapacidades asociadas, familias con hijos sordos, la videointerpretación a distancia, el subtitulado, el acceso a las diversas ayudas técnicas y tecnológicas que facilitan la comunicación y la información, las prestaciones sociosanitarias, los incentivos para la contratación de personas sordas, etc. Es decir, todo aquello que favorezca la inclusión de cualquier persona sorda en la sociedad. Y, aún así, siempre sabiendo que falta más, que no todas las personas sordas tenemos acceso a los mismos recursos ni estos son suficientes para garantizar nuestra verdadera inclusión.

En ningún caso, la crisis económica puede ser una excusa para volver a situaciones ya superadas. No debemos retroceder en cuestión de derechos cuando, ni siquiera, disfrutamos de una igualdad de oportunidades real.

Y ¿qué es lo que aún no se ha conseguido y es fundamental para el sector de personas sordas?
Queda mucho por conseguir. Habría que desarrollar e implementar la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y los medios de apoyo a la comunicación, de manera que sea bien conocida y utilizada por las diferentes Administraciones. Igual de importante es combatir el desconocimiento, la falta de voluntad o los prejuicios sobre las personas sordas en general y, muy especialmente, sobre las lenguas de signos y quienes las utilizamos.

Es importante combatir el desconocimiento, la falta de voluntad o los prejuicios sobre las personas sordas, en general, y, muy especialmente, sobre las lenguas de signos y quienes las utilizamos

Los prejuicios pesan mucho. Están ahí y aún no hemos logrado desterrarlos. Por más leyes que haya, todavía te encuentras a personas, sectores con capacidad para influir en la vida de una persona sorda, que te espetan cosas tan absurdas como que “un sordo debe mirar a la cara para entender y no depender del intérprete”, “los sordos que usan la lengua de signos es porque ni saben ni quieren hablar normal”, “la lengua de signos perjudica a la lengua oral” o “lengua de signos, subtitulado o bucles magnéticos”, etc. Todo lo contrario a la realidad. Una persona sorda usuaria de la lengua de signos lo es también de la lengua oral o lenguas orales de su entorno (escrita y hablada) y, por extensión, necesitará poder acceder a todos aquellos recursos técnicos, tecnológicos y humanos que precise. Cualquier persona sorda, sea usuaria o no de la lengua de signos, sabe lo que necesita según el contexto y el momento de su vida en que se encuentre. Somos un colectivo tan heterogéneo que la CNSE no se cansa de repetir que en cuestión de personas sordas, tengan éstas la edad que tengan, todo es complementario, que hay que sumar, no restar.

¿Qué se necesita lograr? Residencias y centros de día adaptados a las características de las personas mayores sordas, atención a personas sordas en situación de dependencia, a mujeres sordas víctimas de la violencia de género, acceso estandarizado a través de vídeo y texto a los servicios de emergencia, atención integral para la infancia sorda y sus familias, servicios de interpretación y videointerpretación universales, ayudas técnicas y tecnológicas asequibles, educación y formación en lengua de signos, atención eficaz a las personas sordas con problemas de salud mental… Aún hay mucho por hacer.

Desde luego, a día de hoy, el panorama económico de nuestro país no es el más propicio para nadie y pareciera que lo razonable sería contentarnos con mantener lo logrado hasta ahora y ya está. Pero creo que cuando se trata de derechos, hay que ser tan realistas con el contexto en que se vive, como ambiciosos y exigentes. Hay algo que tuvo a bien decir Luis Cayo Pérez (presidente del CERMI) hace poco y es que, con respecto al enfoque de derechos humanos, “el proceso está en curso, podremos ir más rápido o menos, pero no hay otra vía”.

¿Cómo sobreviven las entidades que pertenecen a la CNSE ante el desolador panorama de deudas e impagos?
Por encima de todo, las federaciones y asociaciones que integran la red CNSE están luchando por salvaguardar los derechos básicos de las personas sordas y por seguir dando cobertura a servicios tan esenciales como el de intérpretes de lengua de signos, los servicios de empleo o los servicios de atención a familias, inmigrantes, mujeres o personas mayores sordas. Indudablemente, los impagos y la reducción de la financiación que reciben estas entidades para realizar esta ingente labor social hacen peligrar su buen funcionamiento.

No olvidemos que hablamos de entidades dirigidas a personas. Entidades que, día tras día, transforman para mejor la vida de las personas sordas y que redundan positivamente en su calidad de vida. El mantenimiento de las ayudas que recibe nuestro movimiento asociativo es la única manera de garantizar la cobertura de las necesidades de los distintos colectivos de personas sordas a los que atienden.
 
La educación, tan básica para todo, ¿continúa siendo una asignatura pendiente entre las personas sordas? ¿Cuál es el problema?
Si miramos hacia atrás y comparamos ¿Podemos sentirnos satisfechos de lo logrado? Creo que no. Quizá pueda parecer injusta pero con la educación las personas sordas nos jugamos, doblemente, nuestro presente y nuestro futuro así que no vale conseguir las cosas a medias.

Todos coincidimos en que el sistema educativo, per se, debe ser inclusivo y por consiguiente, prestar atención a las distintas opciones que plantea el alumnado. Pero, ¿a qué llamamos inclusión cuando se trata del alumnado sordo? Desde nuestro punto de vista, la inclusión educativa empieza con la posibilidad de elegir. Que las familias, las personas sordas tengamos a nuestra disposición todos aquellos recursos humanos y técnicos, enfoques y metodologías que consideramos necesarios en nuestro proceso educativo. Docentes sordos y oyentes, especialistas en lengua de signos, intérpretes, logopedas, etc. Desde la CNSE, apostamos por una educación que incluya, también, la lengua de signos para las personas sordas. La suma de recursos, la complementariedad, es para nuestra entidad, la mejor garantía de calidad y progreso.

Hoy, en España, pocas familias y personas sordas son tan afortunadas como para poder elegir una educación que cuente con la lengua de signos. La disparidad de funcionamiento entre las distintas comunidades autónomas deja patente que, sin duda, el ámbito educativo es uno de los que precisan de regulación con mayor urgencia.

El mantenimiento de las ayudas que recibe nuestro movimiento asociativo es la única manera de garantizar la cobertura de las necesidades de los distintos colectivos de personas sordas a los que atienden

Desde que se aprobó la Ley 27/2007, llevamos años proponiendo que se desarrolle un Real Decreto específico sobre las condiciones mínimas para el aprendizaje, conocimiento y utilización de la lengua de signos en los centros educativos y formativos.  Resulta inverosímil que casi cinco años después de su aprobación sigan sin existir unos mínimos para referencia de todas las autonomías, una red de centros bilingües que garanticen el uso y el estudio de la lengua de signos, que en la enseñanza secundaria y universitaria cada vez sean más las alumnas y alumnos sordos que denuncian la escasez o ausencia de intérpretes en los centros en los que cursan sus estudios, que la juventud sorda vea limitadas o entorpecidas sus experiencias de aprendizaje como Erasmus por encontrar barreras en cuanto a accesibilidad y tantas otras situaciones más. Sin entrar en valoraciones sobre el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, en lo que se refiere a las personas sordas, ésta debería incluir todo lo contemplado en el articulado referido a la educación de la Ley 27/2007.

¿En qué situación se encuentra la aplicación de la Ley de Lengua de Signos y de medios de apoyo a la Comunicación Oral?
Tanto el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) como el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) se encuentran funcionando. De los dos, el que es especialmente novedoso, y fruto de una larga reivindicación histórica que se materializó gracias a esta Ley, es el primero, el Centro de Normalización Lingüística, del que me atrevería a decir que  con tan sólo un año de vida es un referente europeo y mundial en cuanto a protección y difusión de la lengua de signos española.

En general, en lo que se refiere a la Ley 27/2007, al tratarse de una regulación mediante ley estatal, las medidas tienen una menor concreción. Esto no significa que carezcan de eficacia, sino que en determinados ámbitos es necesario impulsar normas de desarrollo y actos de aplicación para que se concreten dichas medidas. En la mayoría de los casos, estas normas de desarrollo y actos de aplicación están por llegar tanto en materia estatal como autonómica, impidiendo que se haga  efectivo a todos los niveles lo establecido en la Ley. Esto es, justamente lo que afecta a la vida diaria de las personas sordas.

Para la CNSE, el cumplimiento y desarrollo de esta importante norma debe ser igualitario en todo el territorio español, de manera que todas las personas sordas tengan acceso al ejercicio pleno de sus derechos independientemente del lugar donde vivan.

La disparidad de funcionamiento entre las distintas comunidades autónomas deja patente que, sin duda, el ámbito educativo es uno de los que precisan de regulación con mayor urgencia

¿Cuáles son los principales obstáculos o barreras que actualmente deben afrontar las personas sordas?
Las que afectan a nuestro acceso a la información y a la comunicación, y, por tanto, limitan nuestro derecho a un empleo digno, a una formación sin barreras, a una educación bilingüe en lengua de signos, a servicios y recursos básicos para la ciudadanía, o a una oferta cultural y de ocio accesible. Las personas sordas llevamos demasiado tiempo reivindicando sin éxito que se implementen servicios de interpretación y videointerpretación gratuitos las 24 horas del día todos los días del año; que los servicios de emergencia, teleasistencia y atención sanitaria se adapten a nuestras necesidades comunicativas; que podamos disfrutar de una televisión plenamente accesible con subtítulos de calidad y con horas de emisión en lengua de signos dentro de la programación, etcétera.

En definitiva, queremos beneficiarnos de aquellos bienes, productos y servicios disponibles para el conjunto de la ciudadanía. Somos conscientes de que debemos cumplir con nuestros deberes, pero sin “renunciar” a nuestros derechos.

En cuanto al empleo, el colectivo de personas sordas es quizás uno de los mejor situados entre las personas con discapacidad. ¿Cómo viven a pesar de eso la actual situación?
En el caso de las personas sordas, este dato del informe sobre empleabilidad de 2010 es positivo y creo que, teniendo en cuenta el hecho de que cada colectivo con discapacidad se enfrenta a barreras diferentes a la hora de conseguir un trabajo, los incentivos para la contratación de personas con discapacidad y la labor realizada por los diferentes equipos de empleo del sector asociativo, entre otros, han demostrado su eficacia. En el caso de nuestra red estatal, en la última década, registramos 68.977 acciones de orientación, formamos a 9.222 personas sordas y tramitamos 10.293 nuevas contrataciones.

De cualquier forma, creo que tenemos que contextualizar, pues no podemos olvidar tampoco que según ese mismo informe, en 2010 la tasa de actividad del colectivo de personas con discapacidad es casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. Y en un país donde el desempleo es hoy un gravísimo problema habrá que ver por dónde evolucionan los datos, máxime cuando la labor de intermediación laboral que se venía realizando hasta ahora está siendo dificultada por la grave situación económica.

Desde luego, en un panorama como éste, la tramitación de una nueva Ley de Promoción de la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, reivindicada por el CERMI, cobra especial relevancia.

Las nuevas tecnologías y el acceso a la información han abierto puertas a todo el sector de las personas con discapacidad ¿cuál ha sido el principal beneficio para las personas sordas?
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido un amplio calado entre las personas sordas. Nos han brindado un abanico de nuevas oportunidades, y la posibilidad de comunicarnos a distancia y sin barreras mediante aplicaciones como el chat, la videoconferencia, el uso de las redes sociales, etc. Sin embargo, también es cierto que pueden convertirse en una herramienta de exclusión para este colectivo si no se respetan los principios básicos de accesibilidad y de diseño para todos además de resultar asequibles. Servicios como el de videointerpretación SVIsual, propuestas de teleasistencia para personas mayores sordas, el proyecto SEMÁS sobre servicios digitales de empleo accesibles para personas sordas, las signoguías para acceder a la cultura, nuestras plataformas de formación a distancia para personas sordas, etc. Todo ello es posible gracias al desarrollo de las TIC.

La tramitación de una nueva Ley de Promoción de la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, reivindicada por el CERMI, cobra especial relevancia

Las empresas del sector ¿cuentan con la colaboración de las entidades a la hora de desarrollar nuevas actuaciones?
El establecimiento de sinergias entre organizaciones públicas y privadas y entidades del tercer sector ha sido muy positivo. Esta mutua colaboración ha facilitado que en la última década la CNSE, la Fundación CNSE y toda la red asociativa de personas sordas hayamos desarrollado numerosos servicios para las personas sordas y sus familias tales como las signoguías, SVIsual, la web de información, orientación y asesoramiento para familias www.mihijosordo.org, las obras editadas en LSE y sobre la LSE, los cursos de formación para el empleo dirigidos a personas sordas, los convenios para lograr su inserción laboral en empresas ordinarias, etc. No cabe duda de que la responsabilidad y el compromiso social de las empresas son claves en la construcción de una sociedad justa.

La CNSE ha cumplido 75 años y se encuentra entre las entidades más antiguas y reconocidas por la labor que desarrolla ¿cómo ha sido esa lucha, ese largo camino recorrido?
En realidad, son ya 76 años haciendo historia gracias a la cooperación de un movimiento asociativo fuerte y cohesionado que ha trabajado y trabaja sin descanso por alcanzar la plena igualdad de las personas sordas. Una trayectoria que ha sido premiada, el pasado mes de junio, con la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social.

Es un orgullo ver reconocida, a través de una condecoración de tanto prestigio nacional e internacional la labor de nuestra confederación. Un reconocimiento en toda regla a la perseverancia, el tesón, la lucha que muchísimas personas han desarrollado en materia de promoción y desarrollo de programas y servicios dirigidos a las personas sordas y sus familias.

En tiempos como los actuales, nuestros 76 años de trayectoria asociativa nos enseñan mucho, sirviéndonos para mirar hacia delante con confianza, sabiendo que nuestra obligación es seguir abriendo caminos para todas las personas sordas y para la sociedad en su conjunto.